¿Por qué fracasan los países? Reflexiones sobre el caso colombiano.

Las preguntas fundamentales de nuestra sociedad actual se refieren al origen y causas de la desigualdad económica mundial, es decir las disparidades en el nivel de renta entre los distintos países y regiones del mundo. Esto es así debido a que, cualesquiera que sean dichas causas, sus implicaciones sobre la vida de millones de personas en el mundo son enormes. La importancia de estas preguntas para las ciencias económicas se hace evidente en el hecho de que la economía (o más bien la economía política, como se llamaba en sus primeros días) nace, como ciencia, a partir del libro del escocés Adam Smith titulado Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones. Hoy, más de dos siglos después, aún seguimos buscando la respuesta a estas cuestiones, lo que demuestra la dificultad subyacente en esta cuestión.

Pese a esto, vale decir que nuestras intuiciones respecto al tema no son muy erradas: cuántas veces hemos pensado “¡Con razón el país está como está!” cuando se destapa algún caso de corrupción, o cuando vemos que se legisla para favorecer los intereses de unos pocos. Sabemos que hay algo mal en las instituciones políticas del país, sabemos que la acción del Estado es vital para sembrar las semillas del desarrollo económico y que la corrupción solo logra menguar el poder transformador de este. Sin embargo, esta intuición es el punto de partida, y necesitamos una teoría que racionalice lo que todos de alguna forma ya sabemos. Para esto, hablaremos de la teoría de Acemoglu y Robinson sobre instituciones extractivas y veremos que la corrupción es solo una de las formas que adoptan esas instituciones que imperan en la sociedad colombiana.

Por instituciones políticas nos referimos, al conjunto de reglas que determinan la distribución efectiva del poder de la sociedad, es decir, determinan quienes pueden imponer su voluntad en la toma de decisiones políticas. En una democracia ideal serían las coaliciones mayoritarias y aquellos representen sus intereses quienes deberían ostentar mayor poder, pero es evidente que en la mayoría de los casos la realidad se aleja mucho del objetivo ideal. Por ejemplo, en el régimen de Corea del Norte, las instituciones políticas permiten que el emperador tenga un poder virtualmente ilimitado, por esto no es de extrañar que pueda obligar a la población a trabajar sin recibir salario, es decir, que puede extraer casi todo el producto del trabajo de casi cualquier norcoreano. Algo irónico si tiene en cuenta que, en teoría, el comunismo supone la eliminación de la explotación del hombre por el hombre.

La existencia de instituciones políticas que supongan una distribución limitada del poder se denomina en la teoría de Acemoglu y Robinson Instituciones Extractivas y permiten el surgimiento y mantenimiento de Instituciones Económicas Extractivas. Si todos los norcoreanos tuviesen poder político de facto, exigirían un cambio en las instituciones económicas, se aboliría la explotación a la que son sometidos por parte del dictador y empezarían a exigir bienes públicos que garanticen la igualdad de oportunidades y el crecimiento. Este ejemplo ilustra la lógica detrás de las instituciones políticas que determinan una distribución del sesgada del poder con el fin de que quienes lo ostentan, como King Jong Un, se apropien de la poca riqueza que produce el país; este proceso de apropiación destruye los incentivos de los ciudadanos para ahorrar e invertir, y la posibilidad de que el Estado pueda ofrecer servicios públicos vitales (como la educación) a la mayoría de la población.

Pero ¿qué relación tiene esto con el caso colombiano? ¿Acaso no estamos lejos de una dictadura al estilo norcoreano? Ya mencionamos el problema de la corrupción y ahora, a la luz de la teoría institucional expuesta, podremos ver que su lógica es extractiva: los recursos públicos son el resultado de nuestros impuestos, que esperamos sean invertidos en el bien de la sociedad, pero, por el contrario, son generalmente apropiados por una élite de corruptos, causando el debilitamiento de la capacidad del Estado para proveer servicios públicos primordiales. Así, en sociedades como la colombiana, el sistema impositivo se convierte (en parte) en una herramienta de extracción de recursos. Esto plantea un problema en sí y se agrava más si tenemos en cuenta que existen mecanismos lícitos e ilícitos que provocan diferencias en la incidencia impositiva en favor de los factores móviles (capital internacional) y las mayores fortunas.

La falta de poder político de aquellos más afectados por la corrupción, aquellos más vulnerables, impide, en parte, que la lucha contra este fenómeno sea efectiva. Pero a su vez dicha falta de poder político es consecuencia del desencanto de los ciudadanos en el proceso político. Para modificar las instituciones se necesita que la ciudadanía se apodere de este tipo de asuntos, y es muy difícil que esto ocurra si no hay un cambio previo en la forma en que las personas evalúan el sistema político. Sin embargo, esto no es imposible: Debemos romper las divisiones internas entre nosotros, los mismos ciudadanos "de a pie", que nos impide movilizarnos en búsqueda de unos objetivos comunes. Aquellos que se atreven a movilizarse cuando consideran afectados sus derechos son criticados y juzgados por el resto de la ciudadanía que observa indiferente, estos últimos sólo esperan a que sea su turno de verse obligados a salir a las calles a buscar que resuene su voz, y a su vez también son condenados a recibir las mismas miradas indiferentes que antes se encargaban de lanzar.

En este tipo de sociedad no es sorpresa encontrar que las decisiones políticas no reflejan la voluntad de la ciudadanía: el poder político está tan concentrado como el poder económico. No podemos esperar que las actuaciones políticas que no se enfrentan a una supervisión, un debate y una movilización ciudadana activa sean las que reflejen los intereses de la mayoría, independientemente de quien esté en el poder. Ahora, en medio de esta crisis de salud pública que amenaza con convertirse en una crisis económica sin precedentes y donde las decisiones que tomemos nos afectarán a TODOS y por mucho tiempo, es cuando debemos empezar a apoderarnos de las cuestiones políticas, empezando por nuestras comunidades. No podemos seguir indiferentes ante lo que está pasando en este momento dentro de la esfera política.