En Contexto: Implicaciones de la entrada de Colombia a la OCDE

Luego de 7 años de esfuerzos continuos por parte del gobierno colombiano, la Organización para el Desarrollo y Crecimiento Económico (OCDE) ha aceptado a nuestro país como su miembro número 37. Aunque, como recordaremos, la entrada de Colombia ya estaba aprobada desde 2018, la OCDE le dio este martes 28 de abril la bienvenida oficial al país. Un proceso que había iniciado desde 2013, donde los 23 comités de la organización estuvieron encargados de evaluar al país en aspectos tan diversos como economía, competencia, desarrollo, salud, educación, ciencia y tecnología, medio ambiente, gobierno corporativo, entre otros. La cuestión que ahora surge es ¿qué implicaría esto para nuestro país?

Para abordar este análisis, debemos empezar con tres preguntas esenciales sobre esta organización de la que ahora hacemos parte: ¿qué hace? ¿cómo funciona? Y ¿qué mide? La OCDE nació oficialmente en septiembre de 1961, en reemplazo de la anterior Organización para la Cooperación Económica Europea (OCEE) creada en 1948. Actualmente cuenta con 37 miembros, la mayoría de ellos países desarrollados, que representan alrededor del 60 por ciento del Producto Interno Bruto global, y solo unas pocas economías emergentes como México, Chile y Turquía. De su espíritu inicial, dedicado exclusivamente a la reconstrucción de las frágiles economías europeas después de la guerra, la OCDE se ha transformado en un reconocido centro de investigación económica en materia de cooperación de desarrollo institucional. Su propósito es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de los ciudadanos de todo el mundo.

La OCDE permite a los gobiernos contar con un foro permanente de deliberación y análisis, en el que se comparten experiencias y se buscan soluciones a problemas comunes, a través del trabajo colaborativo. El ingreso a este organismo se da por invitación directa y para pertenecer a él, todos los demás miembros deben dar su aprobación, pues la decisión se toma por consenso, no por mayorías. El trabajo de esta entidad con los gobiernos le permite entender a fondo los factores que impulsan el cambio económico, social y ambiental; medir la productividad y los flujos globales de comercio e inversión; analizar y comparar datos para predecir tendencias futuras y, con base a esto, establecer estándares internacionales en temas que van desde la agricultura y los impuestos hasta la seguridad de los productos químicos.

Ahora viene la pregunta, ¿qué gana Colombia con ser miembro de la OCDE? Algunos estudios académicos, Ross (2015) y Davis y Gowa (2013), muestran que el proceso de admisión en sí mismo, tiene efectos positivos en términos de adopción de buenas prácticas públicas. Evidencia, que si bien es de naturaleza anecdótica, no puede ignorarse, y que sugiere que México y Chile se beneficiaron con un aumento importante de la inversión extranjera directa y menores tasas de interés en los mercados internacionales. Por su parte, el director de Fedesarrollo, afirmó que "una de las cosas más útiles para el diseño y orientación de las políticas públicas es la de estarse midiendo y comparando frente a los mejores en materia de indicadores macroeconómicos, de transparencia y buen gobierno. Bien aprovechado, esto traerá progreso y equidad".

El jefe adjunto para América Latina y el Caribe de la OCDE señala que esto implica un sello de calidad que ayuda a fomentar la inversión en el país. Es algo que es bien visto por parte de los inversores, lo que contribuye a generar confianza y credibilidad. Pero también implica una convergencia a principios, pues el propio proceso de inclusión de Colombia trajo por sí mismo cambios para el país al requerir un fuerte compromiso con la democracia, respeto al estado de derecho y a los derechos humanos, así como también la adherencia a principios acordes con una economía abierta y transparente. Esta alineación con los valores de la OCDE involucró un esfuerzo legislativo y regulatorio en diferentes ámbitos. Según el Director General del DNP, Colombia tomó e implementó más de 51 medidas de política pública que implicaron cambios sustantivos para el país, entre ellas se incluyen leyes, resoluciones, decretos y documentos Conpes.

Uno de los aspectos más relevantes es el de las reglas del juego para la inversión. La OCDE considera que es necesario establecer políticas eficaces para atraer y fomentar la llegada de capital extranjero a una economía. Esto implica que el país va a tener que implementar un nuevo sistema estadístico que permita conocer el verdadero origen de la Inversión Extranjera Directa (IED) que llega al país. Esto significa que habrá mayor transparencia en la información sobre este tipo de activos, pues actualmente no se conoce el origen de buena parte de la IED que llega al país a través de paraísos fiscales. Al firmar la Convención sobre Asistencia Mutua en temas tributarios, hoy la Dian puede intercambiar información con más de 90 países (antes eran solo 4) y contrastar sus datos.

Esto nos lleva a otro reto importante para el país, aquel relacionado con lograr una estructura tributaria más transparente y equilibrada. Colombia está asumiendo un compromiso, con su ingreso a la OCDE, de consolidar el seguimiento a las jurisdicciones poco transparentes en materia tributaria. En general, la OCDE busca combatir todo aquello que reduzca la capacidad de los países de recaudar tributos. Según expertos, Colombia es una nación con una recaudación fiscal muy baja, pero al contar con la OCDE puede recibir asesoría de los expertos fiscalistas más reconocidos del mundo para que ayuden a diseñar medidas que mejoren la lucha contra la evasión fiscal.

Llama la atención que la evaluación del Comité Técnico de Trabajo, Empleo y Asuntos Sociales (ELSAC), haya sido el último comité de los 23 en conceder el aval a Colombia, y ello bajo consideraciones especiales. El Comité Consultivo Sindical argumentó que Colombia no respetaba los derechos laborales y que los representantes sindicales no contaban con seguridad física. Otro de los retos, desde una perspectiva del contrato de trabajo, es fortalecer las políticas que permitan la formalización de las nóminas de las empresas, es decir, reducir los costosos y complicados trámites para contratación.

En el frente medioambiental, los estándares de la OCDE indican que es necesario desarrollar el sistema de evaluación de impacto ambiental, establecer los mecanismos para aplicar el principio "quien contamina paga" e implementar reformas al sistema de licencias ambientales con el fin de lograr una mejor coordinación y eficiencia. Colombia debe seguir reforzando la nueva regulación en materia de manejo de aguas residuales, el sistema de incentivos tributarios para fomentar tecnologías más limpias y el aprovechamiento de residuos por medio del reciclaje. Un avance fue que en 2016 se creó el impuesto nacional al carbono y a la utilización de bolsas plásticas, y se expidió la regulación del uso de sustancias químicas.

También está pendiente por abordar un paquete de reformas que permitan a Colombia ponerse a la altura en materia de libre comercio y competencia. Así como promover políticas que diversifiquen los “motores de crecimiento de las industrias extractivas de materias primas”. A Colombia también le corresponde ponerse al nivel de todos sus compañeros del club en materia de protección de la propiedad intelectual. En este frente el desafío incluye establecer herramientas para que la justicia opere de manera más rápida en estos casos.

Personalmente, uno de los mayores atractivos de la noticia creo que está en la generación de análisis especializados. Como miembro, Colombia formará parte de los estudios multinacionales e individuales incluidos en reportes, evaluaciones y seguimiento en distintas materias producidos por la OCDE. Colombia será también integrada a las bases de datos e información disponible para usuarios alrededor del mundo en un formato acorde con el comparativo internacional.

Tal vez hayamos escuchado que la OCDE se conoce también como “el club de los ricos” por lo que podría pensarse que, siendo estrictos, no deberíamos estar en él, pero ya que somos miembros, hay que sacarle el mayor provecho. En consecuencia, el desafío de Colombia es enfocarse en hacer que la OCDE se convierta realmente en un aliado para diseñar y evaluar políticas públicas, así como un facilitador de intercambio de las mejoras prácticas y experiencias internacionales a partir de la colección de herramientas en materia de cooperación internacional de este grupo.

Para concluir, podemos afirmar que Colombia entró en un proceso lleno de desafíos: que el país ahora pertenezca al exclusivo club de las buenas prácticas significa todo un camino por recorrer. Antes que cantar victoria, es necesario ponerse a trabajar para cumplir con muchos de los requisitos que se nos imponen. El reto institucional es, sin duda, de difícil cumplimiento, pero quizá la presión internacional permita avanzar en esos ajustes para llevar a cabo la modernización del Estado. La señalización de esta membresía es ventajosa, ubica a Colombia en una esfera de percepción internacional distinta. No obstante, conviene también destacar que los compromisos y metas como miembro no son vinculantes. Así, los avances en materia de desarrollo, ambiente, sociedad y estado de derecho ligados a la conexión con la OCDE dependen en última instancia del compromiso de las autoridades, empresarios y sociedad colombiana y suponen un esfuerzo constante.