Grandes problemas requieren grandes soluciones: Impuesto Progresivo sobre el Patrimonio.

El Estado es un proyecto común. Todos, de diversas formas, aportamos a la financiación de este. Los ingresos fiscales provienen de los impuestos que pagamos o de la deuda que los gobiernos emiten (también de la propiedad de empresas del Estado que generen beneficios, o de las regalías). Los impuestos son, por otro lado, un tema muy difícil de abordar ya que suscita diversas reacciones de acuerdo con la posición ideológica y económica de cada quien. Pese a las dificultades inherentes al tema, las experiencias históricas de otros países pueden ayudar a aclarar cuál sería la solución más justa y eficiente.

En el contexto colombiano actual vemos que los ingresos del gobierno se ven muy afectados tanto por la coyuntura actual: un descenso en el precio del petróleo aunado a la parálisis de la actividad económica, como por fenómenos de carácter estructural: las últimas reformas tributarias han comprometido el flujo de ingresos a la baja (debemos destacar, sin embargo, que la iniciativa de devolución del IVA tiene un carácter muy progresivo). Parecería necesario que el gobierno de turno tenga que recurrir a la deuda con el fin de obtener los recursos que necesita y así afrontar los retos que presenta la pandemia generada por el Covid-19. Esto es algo que parece aceptar el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, quien ha afirmado que no existe otra salida más que elevar el endeudamiento, en el que ya ha incurrido el gobierno.

Precisemos que la deuda no es riqueza, es un préstamo que se hace hoy y que recaería en las futuras generaciones o en nuestros ingresos futuros. En este sentido, parece conveniente apelar al endeudamiento: después de todo se espera que esta crisis pase y que los flujos de ingreso futuro sean mayores. Esta lógica parece contundente. Según las teorías que explican el consumo, las deudas tienen el beneficio de permitir a los individuos aplanar las fluctuaciones del consumo que puedan causarse por las fluctuaciones de los ingresos. ¿Por qué no aplicar esta lógica en el nivel de los países? Un mayor endeudamiento, sin embargo, podría generar un incumplimiento de la regla fiscal, lo que podría disminuir las calificaciones de riesgo del país aún más, cuestión que, sin embargo, parece ser el menor de los problemas (si bien no deja de ser preocupante). En estos momentos, las calificadoras de riesgo deberían evitar agravar las crisis al interior de los países. El aumento del endeudamiento es, además, una forma rápida de conseguir la financiación que se necesita con urgencia. Parece entonces inevitable que la deuda pública se incremente más. Ahora bien, una pregunta que dejan abiertas las declaraciones de Carrasquilla es ¿cómo se financiaría el pago de la deuda?

Las crisis no son nuevas, la humanidad ha pasado por momentos de fracturas económicas y políticas. Por esto, un ejercicio de análisis histórico se muestra bastante útil para proponer soluciones a los problemas actuales. Abordemos el caso del endeudamiento y la reconstrucción de las economías tras las guerras mundiales. Este episodio histórico es analizado por el economista Thomas Piketty en su libro Capital e Ideología (cap. 10) y en él nos apoyamos para el análisis posterior. Vale la pena aclarar que, si bien una guerra es distinta a una pandemia, los efectos sobre la fiscalidad pueden ser comparables, y el análisis no deja de ser rico en enseñanzas.

Tras el advenimiento del conflicto, los países en disputa incurrieron en grandes deudas para hacer frente al gasto militar. Las personas se apresuraron a prestar al gobierno destinando sus ahorros a la compra de bonos soberanos. Al final del conflicto, uno de los resultados fueron deudas que superaban por mucho el producto interno bruto de los países. La ruptura con el patrón oro (el respaldo del dinero con el oro) y la impresión de dinero generaron una inflación nunca antes vista, especialmente en Alemania. La inflación ayudó a disminuir la carga de la deuda, si bien sus efectos fueron adversos en general: El mecanismo inflacionario afecta negativamente más a ciertos activos, como el dinero y los títulos de renta fija (como los bonos soberanos). Sin embargo, otros activos no sufren tal pérdida de valor (la propiedad de las empresas o las acciones, por ejemplo). Generalmente, estos últimos son aquellos a los que tienen acceso los más ricos. Por esto, se dice que la inflación es un impuesto que pesa más en el patrimonio de los más pobres.

Los problemas generados por la inflación convencieron a muchos de que no era la salida más conveniente al problema de la deuda. La solución más justa y, a la postre, más conveniente fue un impuesto progresivo sobre el patrimonio (ISP) de carácter temporal, es decir, un impuesto que recaía sobre quienes poseían activos inmobiliarios, financieros o profesionales, como fábricas, edificios, etc., dentro del país, con tasas que aumentaban acorde al tamaño de dichos activos. El caso alemán es excepcional, ya que los recursos así obtenidos permitieron la reconstrucción y la financiación del gasto social, a pesar de la destrucción causada por la guerra.

Además de ser una salida justa, que reduciría las brechas sociales, la implementación de esta medida traería otro beneficio. Para cobrar el ISP se necesita recabar información valiosa sobre la distribución de la propiedad, dicha información bien explotada podría alimentar el debate democrático. La opinión pública no puede seguir desconociendo donde se concentra la posesión de los activos productivos del país; cuánto poseen los más pobres y cuánto los más ricos. El que una sociedad tenga una concentración de la riqueza excesiva solo es signo de que las cosas están mal; necesitamos saber qué tan mal estamos en términos distributivos. Esta información puede abrir el debate sobre otros impuestos progresivos que pueden ser aplicados, en particular, un impuesto sobre las herencias. Podría también desembocar en el desarrollo permanente del impuesto al patrimonio, no hay nada de malo en pesar y debatir propuestas que vayan más allá.

Una última aclaración: La implementación del impuesto debe hacerse sobre todas las formas que adopta el patrimonio para poder recaudar los flujos necesarios y así, poder cumplir con la meta de cubrir las deudas lo más rápido posible, y debe basarse en la actualización del valor de los predios rurales, algo que en nuestro país aún no se construye del todo. También se hace necesario que el sistema financiero por mandato legal sea obligado a brindar información a las autoridades tributarias sobre la fortuna financiera, como ocurre actualmente con los borradores de declaración de renta. Por último, no sobra mencionar lo preocupante que es que algunos analistas (y en particular algunos políticos) empiecen a pedir al banco central que imprima más dinero (como medida complementaría al ISP). Debería quedar claro, tras analizar los hechos históricos, que esta solución no es para nada recomendable.