En contexto: Ley de emprendimiento ¿proyecto para promover empleo y competitividad?

En medio de la crisis social generada por la pandemia, el Gobierno Nacional presentó un proyecto de ley denominado Ley de emprendimiento, que busca “propiciar el crecimiento, consolidación y sostenibilidad del emprendimiento”. Esta ley se basa en varios ejes principales. El primero hace referencia a la reducción de las cargas y costos que enfrentan los emprendedores; el segundo tiene que ver con el fomento de la participación de las pequeñas empresas en las compras que hace el Estado; el tercero se relaciona con los medios de financiación y, por último, la articulación institucional para el emprendimiento. En el contexto colombiano, las iniciativas que impulsen la generación de empresas formales deben ser bien recibidas y analizadas. Para este fin, se presentan varios puntos a considerar sobre el sistema productivo nacional.

El gerente de iNNpulsa Colombia asegura que esta iniciativa busca garantizar las condiciones para un nuevo ecosistema de emprendimiento, que incluye desde una reducción de cargas y trámites para los emprendedores y mipymes hasta otorgar beneficios tributarios. Sin embargo, lo importante es que no se vuelva un proyecto para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a “sobrevivir”, pues el camino a seguir no es que el Gobierno gaste sus escasos recursos en mantener con vida a unas empresas sin síntomas de vida en los mercados donde tienen que competir. Si bien, el microcrédito y otras formas de ayudar a las pequeñas empresas tienen un papel importante que desempeñar en la vida de los pequeños emprendedores, porque estas seguirán siendo, tal vez en un futuro, la única forma en que muchos de ellos pueden sobrevivir, nos estaríamos engañando si creemos que estos negocios pueden allanar el camino para el progreso social.

En uno de los capítulos del libro Poor Economics, Banerjee y Duflo concluyen que la gran cantidad de pequeñas empresas observadas entre los pobres no es un indicador de la naciente capacidad empresarial que puede ser desencadenada por algún programa inteligente que alivia las restricciones, sino que es un síntoma de la falta de mejores oportunidades, esencialmente del fracaso de la política económica agregada. Los autores adoptan la postura de los defensores de políticas que piensan que la ausencia de inversiones por parte de los pobres se debe a la ausencia de grandes ganancias y, por lo tanto, cualquier subsidio a tales inversiones tendrá poco efecto. En los resultados de la Gran Encuesta a las PYMES (GEP) de ANIF se encuentra fuerte correlación entre el comportamiento de las Pymes y el desempeño macroeconómico del país.

Según datos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), países como Colombia son dos veces más propensos a la creación de nuevas empresas que las economías desarrolladas, pero seis veces menos capaces de generar compañías con más de 50 empleados. Por tanto, el punto expuesto en esta Ley que más deben reforzar es el de la parte educativa: se debe abordar el problema de ¿cómo se van a generar realmente las competencias necesarias para competir y crecer?, pues crear empresas robustas es lo que va a generar más ventas, más empleo y más utilidades.

Según cifras de Confecámaras, del total de emprendimientos, solo 27% se encuentra en etapa de descubrimiento, en cambio 53% se encuentran en crecimiento, 17% en aceleración y 3% en consolidación. Sin embargo, este proyecto de ley, al igual que muchos programas bienintencionados, sigue anclado en entender el emprendimiento como creación de empresas (aun sabiendo que los recursos invertidos en la etapa de descubrimiento son casi siete veces menos eficientes que los invertidos en etapas de consolidación y crecimiento) y no como un proceso para impulsar, crecer y posicionarse en el mercado.

En los resultados de la Gran Encuesta a las Microempresas (GEM) de ANIF, correspondientes al primer trimestre del año 2020, se encuentra que solo el 27% del total de empresas encuestadas tienen acceso al crédito (en las PYMES es cerca al 42%); sólo el 30% de las microempresas poseen capacidad de ahorro, con una proporción cercana a la mitad manteniéndose por fuera del sistema financiero; 93% vende solamente en su ciudad de origen (59% para el caso de las PYMES), lo que da cuenta de una baja capacidad de diversificación de mercados; y que hay una pésima percepción de los beneficios de la formalidad relativos a sus costos.

Fomentar el ahorro empresarial, en especial el de las microempresas, es una tarea que sin duda debe reforzarse debido a que más del 95% de las empresas en Colombia pertenecen a este segmento. Entre las microempresas que ahorraron, el 52%, 47% y 46% de los sectores industria, comercio y servicios, respectivamente, lo hizo con el propósito de cubrir los gastos del negocio porque los ingresos fueron insuficientes. Entre las razones por las que los microempresarios no ahorraron, se encontró que la mayoría no lo hace porque no le alcanza el dinero (80% en el caso de la industria, 84% en el caso de comercio y 78% en el caso de servicios). Esto sugiere que las utilidades generadas son apenas suficientes para cubrir su operación y no se prioriza el ahorro. Entre otras razones para no ahorrar el 11% manifestaron no necesitarlo o no estar interesado, lo que responde usualmente a la falta de conocimiento sobre los beneficios del ahorro; y el 45% manifestó no confiar en las entidades financieras, donde el 30% de ellos decidió no ahorrar en el sistema financiero por el costo y el cobro de impuestos que implica acceder a este.

La tarea es doble para los empresarios, el Gobierno y el sector financiero. Por un lado, tal como afirma el Centro de Estudios Económicos de ANIF (5 de junio de 2020), se debe continuar trabajando en la diversificación de mercados para lograr elevar estructuralmente los ingresos de las empresas, por lo que las reformas paralelas a la Ley de Emprendimiento en materia de flexibilización laboral y un sistema tributario más competitivo son clave, así como las mayores inversiones que permitan reducir los costos de transporte y logística. Y, por otro lado, como se evidencia en los datos de la encuesta, se debe promover una mayor educación financiera para que las microempresas conozcan tanto las herramientas de ahorro que provee el sector formal como sus múltiples beneficios.

Respecto a las solicitudes de crédito de las microempresas ubicadas en los diferentes sectores, estas aumentaron en comparación al mismo trimestre de 2017, 2018 y 2019, sin embargo, todavía se mantienen en niveles bajos. Llama la atención un resultado consistente durante los tres reportes de la GEM, y es que los encuestados desconocen o presentan dificultades para interpretar las tasas de interés que pagan, y que, como afirma el Centro de Estudios Económicos de ANIF (21 de mayo de 2020), probablemente también desconocen o presentan dificultades para interpretar la periodicidad de los pagos. Por esto es acertado que este nuevo proyecto de ley busque avanzar en incrementar la participación de las fuentes formales de financiamiento, pues según los datos de la GEM 2020 el acceso a financiamiento formal en PYMES es inferior al 45% y en las microempresas es sólo 18%, de hecho, las fuentes informales (familiares-amigos y prestamistas informales) ganaron participación respecto a años anteriores. Algunos expertos afirman que la mayor participación de las fuentes informales podría deberse a un problema de auto-exclusión por parte de las microempresas del sistema financiero formal, relacionado con la falta de educación financiera de este segmento empresarial. Por otro lado, la clave para entender este fenómeno podría encontrarse en la estructura oligopólica del sector financiero que con su poder de mercado impone unas condiciones de crédito poco competitivas a las pequeñas empresas.

Otro reto es lograr que el destino de los recursos de financiamiento sea en temas relacionados con expansión e innovación y no solo para financiar actividades de corto plazo. Los resultados de la GEM indican que solo el 15%, 17% y 19% de las microempresas del sector industria, comercio y servicios respectivamente utilizaron estos recursos para realizar actividades de expansión o innovación del negocio como aquellos relacionados con la compra o arriendo de maquinaria o en remodelaciones/adecuaciones.

Lo anterior lleva a otro punto débil que no debe perderse del radar de este proyecto de ley, y es la baja vocación exportadora de las microempresas, pues solo el 2% de la muestra exporta, mientras que en las PYMES sólo el 17% exportó durante la última década (2009-2019). Adicionalmente, se observó que las principales razones por la cuales este segmento empresarial tiene tan poca vocación exportadora, es por la falta de competitividad de sus productos/servicios y su desconocimiento de los mercados internacionales. Un dato sorprendente es el estancamiento de las exportaciones de Colombia: permanecieron en los US$40.000 millones durante el periodo 2015-2020, de hecho, la relación exportaciones/PIB de Colombia no ha cambiado en las últimas décadas y se mantuvo en niveles cercanos al 16% desde 1980 hasta 2019. La situación es más compleja cuando se observa que en 2019 el 68% de las exportaciones del país fueron commodities. En la encuesta a las PYMES, el 35% consideraba que no tenía productos o servicios que fueran exportables, 32% no estaba interesado y el 12% argumentó que los riesgos y costos asociados a salir a los mercados externos son muy altos.

Claramente este proyecto de ley debe buscar romper las barreras estructurales en los frentes de conectividad y productividad para lograr la tan anhelada diversificación y vocación exportadora. Resulta crucial la coordinación estatal para trabajar de la mano con la reestructuración de los costos de transporte, logísticos y laborales, lo que incluye sin duda la finalización de las obras 4G y el impulso de las vías secundarias y terciarias. Por otra parte, como lo menciona ANIF en las recomendaciones de su reporte, es necesario el estímulo de las zonas costeras ya que los principales centros productivos se encuentran lejos de los puertos.

Finalmente, el proyecto de ley debe hacer frente a los casos de muchos emprendedores que dirigen un negocio que está condenado a permanecer pequeño y no rentable por falta de compromiso, de lo contrario, los programas de capacitación empresarial tendrán efectos decepcionantes. Banerjee y Duflo (2011) evaluaron programas llevados a cabo por instituciones de microcrédito en Perú e India que informaban a los clientes sobre cómo mantener mejores cuentas, administrar sus inventarios, comprender las tasas de interés, etc. Los resultados de la investigación en ambos países encontraron alguna mejora en el conocimiento del negocio, pero no hubo cambios en las ganancias, ventas o activos. Estos programas, al igual de los muchos que han surgido en Colombia, están motivados por la sensación de que estos negocios no están particularmente bien administrados, pero si los negocios se manejan de esa manera por falta de entusiasmo en lugar de falta de conocimiento, no es particularmente sorprendente que la capacitación haga muy poco para ayudar.