Análisis de políticas económicas durante la pandemia

El 19 de junio de este año, en medio de la crisis generada por el Covid-19, el gobierno implementó una jornada sin precedentes, un día completo sin IVA en varios productos. Dicha política, que tenía como objetivo reactivar la economía, parece dejarnos un balance negativo: aglomeraciones y desorden generalizado que muy posiblemente se traducirán en un incremento del número de infectados en los próximos días. Pese a esto, el Gobierno ha denominado la jornada del Día sin IVA como uno de los momentos más importantes de la reactivación económica. Pero hay muchas dudas respecto al alcance de los beneficios de la medida en medio de una crisis de gran envergadura como la que vivimos actualmente. ¿Cual es, en realidad, el balance de esta jornada?

La idea de los días sin IVA era mala desde antes de la pandemia. Muchos le advirtieron al Presidente, a tiempo, que la evidencia y antecedentes internacionales sugieren que esta no es una medida efectiva para impulsar la economía. Sin embargo, se terminó cediendo, muy probablemente, ante la presión que ejercen los gremios para abrir sus empresas y almacenes de comercio. Así, la medida de día sin IVA se terminó vendiendo como respuesta a un problema -la pandemia- que surgió después, y que, de todas formas, a duras penas da alivio a la crisis económica más profunda de nuestro tiempo. Además del hecho de que es muy difícil cerciorarse de que las tiendas no afecten o modifiquen sus precios para apropiarse de parte del dinero que deja de recaudar el Estado, esta medida se enfrenta a un problema fundamental: “estamos hablando de muy poco dinero si se le compara con la magnitud de los problemas que tenemos” (Reyes, 18 de junio de 2020).

Pero ¿de dónde viene esta idea del feriado tributario? Tiene una larga tradición en Estados Unidos, donde los Tax Holidays son universalmente reconocidos como una política demagógica que complica el estatuto tributario sin aliviar de manera significativa al consumidor. Como concluye un grupo de pensamiento estadounidense de centro-derecha, la Tax Foundation:

“Los tax holidays son trucos políticos que distraen a los hacedores de política y a los contribuyentes de los alivios tributarios genuinos y permanentes. Si un Estado tiene que ofrecer ‘días festivos’ en los que no aplique su sistema tributario, está reconociendo implícitamente la falta de competitividad de su propio sistema tributario. Si los hacedores de política quieren ahorrarles dinero a los consumidores, lo que deben hacer es recortar el impuesto a las ventas todos los días del año”.

Según el Director de Fedesarrollo, es dudoso el impacto que tendrá esta decisión, teniendo en cuenta que hay análisis sobre lo poco que ha servido determinaciones como estas en Estados Unidos, pues muestran que lo que hacen las personas es sustituir las compras en el tiempo, produciendo efectos modestos en el ingreso disponible de los hogares y nulos o muy transitorios en la demanda y el empleo. De hecho, los incrementos más importantes se observan en el consumo de bienes durables, que por definición los hogares sólo compran ocasionalmente. Los colombianos aprovecharon este día para adquirir especialmente bienes de entretenimiento, electrodomésticos, y equipos de sonido y de video, donde el crecimiento en ventas fue de 673%, 640% y 366% respectivamente.

Como era de esperarse, las cifras de facturación y número de transacciones se elevaron con respecto a los primeros 18 días de junio (en concreto, aumentaron en un 284,6 % y 86,5%, respectivamente, según datos de Redeban). Respecto a los medios de pago, el 39% de la facturación total se realizó con tarjeta débito, mientras que en el número de transacciones este medio representó el 56%; no obstante, esta cifra decreció frente al comportamiento antes y durante el Covid-19, donde las transacciones con tarjeta débito se situaban por encima del 60%, lo que implica que las personas buscaron financiarse más en este día: el ticket de compra promedio con tarjeta crédito creció un 80% vs antes de la pandemia. Así mismo, las ventas en las plataformas de comercio electrónico tuvieron un aumento del 128% en facturación y 28% en transacciones en comparación a un día normal de 2020 (antes de la pandemia). Según el reporte de la DIAN, se registró un crecimiento de 158 % en las ventas generales del comercio en el país frente al promedio de venta diaria antes de la pandemia.

Pero aun con estas cifras, a primera vista positivas, no necesariamente se apoyó a quien más lo necesita. No sólo porque algunos comercios pueden aprovechar la euforia transitoria para subir precios, sino porque los beneficiados son los consumidores con la capacidad de gasto o endeudamiento para comprar más en estas fechas. Según el Reporte de Situación de Crédito en Colombia del Banco de la República, durante el primer trimestre de 2020, se observa un incremento en el porcentaje de rechazos de créditos para las modalidades de consumo, microcrédito y comercial con respecto al trimestre pasado; así mismo el indicador del cambio en las exigencias muestra que la mayoría de los bancos las incrementó para todas las modalidades. Las entidades que aumentaron sus requerimientos para otorgar recursos en préstamo indicaron que este comportamiento se debe al deterioro de sus posiciones de balance y una perspectiva económica menos favorable o incierta, por lo que ponderan más la historia crediticia, los ingresos recientes y el flujo de caja proyectado del cliente.

Por otra parte, cabe preguntarse ¿a quiénes les llegó realmente el mayor flujo de clientes? En las grandes ciudades, el mayor consumo se concentraba en las grandes superficies, en el centro de las ciudades el movimiento fue relativamente poco. Más de 75.000 comercios en el país estuvieron abiertos, se presentaron aglomeraciones solo en 84 de esos establecimientos. Es poco probable que la razón no sea el buen comportamiento de la gente en la mayoría de los establecimientos de comercio, la explicación más convincente es que el flujo de consumo se concentró en algunos de estos. Sólo las grandes cadenas se vieron beneficiados, los pequeños y medianos empresarios, que el gobierno tanto se jactaba de proteger, no vieron mayor cambio en sus ventas.

¿Qué tanto se impactó el empleo? La generación de empleo formal depende de unas perspectivas de aumento o mantenimiento del nivel de demanda por un largo periodo de tiempo, pero es claro que esta medida implica una concentración del consumo momentánea produciendo pocos incentivos para generar empleos formales (contratos de al menos un año). Sumemos a esto el hecho de que la concentración de la demanda fue muy alta (algunas tiendas y establecimientos), y se verá que es poco o nulo el empleo que está medida habrá generado. Es irresponsable defender una medida que pone en riesgo la salud de la gente con la esperanza de unos beneficios efímeros.

Como lo mencionó Leopoldo Fergusson en su columna de opinión del 22 de junio: “Impulsar la economía es importante, sin duda, pero de forma ordenada, con énfasis en los sectores críticos y estratégicos, y sin provocar riesgos de contagio innecesarios”. Claramente la labor de coordinación y de generación de expectativas que tiene un gobierno, como todo líder, para con sus ciudadanos fracasó enormemente, y en ese sentido son muy responsables de lo sucedido.

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Respecto a la hipoteca inversa, esta también ha sido una medida que ha suscitado muchas reacciones. Si bien es cierto que la hipoteca no soluciona el problema de las pensiones, la justificación principal es que puede ser de gran ayuda para la denominada pobreza oculta: adultos mayores que en sus años de trabajo lograron conseguir vivienda y que ahora, retirados, ven que su ingreso se ha venido abajo.

Según análisis de Fasecolda, en Colombia para el año 2018, solo el 37% de los trabajadores que llegaba a la edad de retiro lograba cumplir con los requisitos para obtener una pensión. Ante un panorama tan desalentador, este hecho se convierte en una motivación para disponer de todas las estrategias y mecanismos posibles para garantizar la calidad de vida de este sector de la población y, por ende, en la razón más fuerte para defender esta medida. Entidades de crédito y compañías aseguradoras han manifestado, desde hace tiempo, la oportunidad que la hipoteca inversa puede suponer, en el marco de la colaboración público-privada, para establecer mecanismos alternativos que ayuden a la pervivencia y sostenibilidad de los sistemas de pensiones. Sin embargo, en términos de la política pensional, el gobierno sigue evadiendo una responsabilidad primordial: disminuir la inequitativa repartición de los subsidios a las pensiones, y aumentar los recursos dirigidos a aquellos que ni siquiera tienen un hogar. Pareciera que algunos intereses pesan más en la definición de las políticas que finalmente se adoptan en esta administración.

Por otro lado, la adopción de una hipoteca inversa al tratarse de una decisión personal, podría estar dando por sentado que cada persona cuenta con todo lo necesario para hacer una evaluación minuciosa, más allá de una respuesta inmediata que surge por la enorme necesidad; no es que los adultos mayores sean “incapaces”, pero hay claramente un contexto que hace que el proceso de la toma de decisiones sea muy diferente y complejo, por mencionar solo un factor: la educación financiera.

Desde 1960 se ha estudiado esta medida, y desde los años 80 se extendió su implementación en España, Inglaterra y Canadá. En España esta medida fracasó por diferentes factores, entre ellos la crisis inmobiliaria y el desplome de los precios de la vivienda que la convirtieron en poco atractiva, el factor cultural que hace que la gente no quiera dejar en herencia una vivienda con cargas, los gastos iniciales y seguros que incrementaron el coste de la operación, el temor de los bancos a reclamaciones futuras y el posible daño reputacional. En cambio, se optó por adquirir un seguro de rentas vitalicias que permite la exención fiscal de las plusvalías generadas al vender patrimonio y tiene un volumen de ahorro bajo gestión de casi 2.000 millones de euros, unos niveles nunca alcanzados por las hipotecas inversas.

Al momento de replicar políticas de otros países, como es bien sabido, se deben considerar las características y particularidades socioeconómicas, así como aspectos del sistema financiero colombiano, pues son los que determinan el impacto de dicho instrumento. En este sentido, se abre el interrogante, a nuestro juicio el más relevante en esta discusión, respecto a qué tan eficientes serán los controles estatales -con un historial que deja mucho que desear- para evitar abusos. Será difícil que la hipoteca inversa pueda llegar a convertirse en una solución sino se efectúan las reformas normativas que otorguen la seguridad jurídica que exige un producto con una proyección social tan importante.

La percepción de los colombianos frente al sistema financiero es negativa, y de esto dan cuenta las denuncias por los que muchos usuarios consideran prácticas de usura, abusos y engaños cobijados por “la letra pequeña” de la oferta de productos financieros, por lo que el efecto se reducirá a las condiciones de fondo: ¿Qué procedimiento debe seguirse para el caso en que el propietario desee cancelar anticipadamente la hipoteca? ¿Cómo se llevará a cabo el proceso de avalúo? ¿A qué tipo de intereses quedará sujeta la negociación? Lo ideal sería que el estudio y análisis de esta medida sea liderado por sectores profesionales u organizaciones que no estén ligados o tengan conflicto de intereses por sus nexos con el sistema financiero en el país.